Ing. Ismael Murillo Jiménez
Ingeniero en Construcción
Estudios realizados por el Estado de la Nación, referentes a la condición actual de la infraestructura vial en Costa Rica, indican que el crecimiento acelerado vinculado con una deficiente planificación en la Gran Área Metropolitana (GAM) y la existencia de un deficiente sistema de transporte público, convierten a Costa Rica en el tercer país de Latinoamérica con mayor densidad vehicular, esto se traduce en altos problemas sociales, económicos y ambientales cada vez más difíciles de resolver.
Tampoco se ofrecen condiciones óptimas para el traslado de personas y bienes de forma segura, confiable, oportuna y limpia, generando mayores tiempos de traslado, alto consumo de combustible, contaminación creciente, impactos en la salud, altos costos económicos, accidentes y pérdida de calidad de vida.
El nivel de inversión actual de Costa Rica en infraestructura vial es menor del 1% del PIB. De ahí que es urgente elevar el porcentaje de inversión e incrementarlo paulatinamente en los próximos años. Se recalca que el país tiene aprobados con organismos financieros internacionales, diferentes créditos que han permitido la ejecución de Proyectos estratégicos principalmente viales y de logística, pero a costas de un alto endeudamiento externo del gobierno central. Lo que constituye el mayor riesgo para Costa Rica, ya que la capacidad de pago de la deuda depende del resultado (déficit o superávit del Gobierno Central sin contemplar el gasto por intereses) y basado en información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, existe un déficit financiero muy alto para el Gobierno Central. Lo anterior evidenciará en un futuro muy cercano, una sería incapacidad para realizar nuevas inversiones en proyectos de Infraestructura vial.
Por lo tanto, se deben de buscar nuevos mecanismos de financiamiento, para lo construcción de proyectos, que empoderen a los ciudadanos a asumir la responsabilidad del financiamiento de las obras viales dentro de los centros poblacionales, bajo la premisa de que el gobierno brinda proyectos de infraestructura vial, en beneficio de los propietarios de los terrenos beneficiarios, con la concepción de que no hay beneficio sino hay carga o de que no hay derecho si no hay obligación. Por lo que, este argumento es la esencia de la movilización de recursos para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses.
Para lograr lo anterior, se introduce el concepto de plusvalía, el cual es definido según el diccionario de la real academia española, como el “incremento del valor de un bien por causas extrínsecas a él”. Por lo tanto, los proyectos de infraestructura vial constituyen un elemento de la formación del valor de un terreno, ya que genera un aumento en el precio de este, después de finalizado el proyecto. En estos términos la plusvalía considerada se refiere exclusivamente al componente tierra (y no a la valorización de la edificación).
La captura de plusvalías se refiere al proceso por el cual un porcentaje o todo el incremento del valor de la tierra, atribuidas al “esfuerzo del estado” (mediante la construcción de obra pública), son recapturadas por este, a través de su reconversión en ingresos públicos, a través de una contribución obligatoria.
Basado en lo anterior, surge el mecanismo de la contribución por mejoras (constituye el instrumento de recuperación de plusvalías más usado en Latinoamérica), definido como un cargo impuesto a los dueños de propiedades seleccionadas, para sufragar el costo de una mejora pública o un servicio del que obtiene un beneficio específico.
Por lo tanto, la metodología para la valoración del suelo como mecanismo de financiamiento en términos generales, se trata de un tributo basado en el principio del beneficio y equidad social, fundamentado en que ocurre una revalorización que se genera sobre los inmuebles por causas ajenas al esfuerzo de los propietarios.
La demanda en infraestructura vial en Costa Rica ha crecido de forma exponencial, por lo tanto, es necesario aplicar mecanismos alternos de financiamiento (Contribución por Mejoras), como instrumento de recuperación de plusvalías, basado en el principio del beneficio, en el cual se parte de la premisa que, si algún actor privado se beneficia económicamente por una acción del Estado, éste último puede cobrar una cierta cantidad de dinero sobre ese beneficio.
La valorización del suelo deberá ser una herramienta analizada en Costa Rica, para financiar proyectos de obras públicas, en los cuales ocurre una revalorización que se genera sobre los inmuebles por causas ajenas al esfuerzo de los propietarios, como la construcción de obras o decisiones administrativas por parte del sector público. La legislación nacional vigente de nuestro país le otorga al estado costarricense, la facultad de ejecutar obras públicas que contribuyan e incrementen la plusvalía de las propiedades beneficiadas y a su vez, permitir la recuperación de la inversión pública en las obras, mediante el cobro respectivo a los mismos. Por lo tanto, es meritorio que se puedan financiar proyectos de infraestructura vial, que sean autosostenibles y basados en el principio de justicia social (reparto equitativo de cargas y beneficios).