Mario Vargas Brenes
Ingeniero en Construcción
MSc. Sostenibilidad, Planificación y Política Ambiental
Históricamente, Costa Rica ha privilegiado la expansión de su red vial por encima de la conservación sistemática de sus activos. El resultado de esta asimetría es evidente: deterioro prematuro de las vías, elevados costos de rehabilitación, mayores riesgos para la seguridad vial, intervenciones desarticuladas que incrementan la congestión y, en general, una pérdida sostenida de la competitividad del país, de la calidad de vida de la ciudadanía y del desempeño ambiental esperable. Este modelo resulta financieramente regresivo y ambiental y socialmente insostenible. Frente a esta realidad, el núcleo del problema no debe seguir planteándose como una cuestión meramente técnica o presupuestaria, sino como una deficiencia en la arquitectura de gobernanza que impide estructurar la conservación como política de Estado.
Recientemente, como parte de mi tesis de maestría en la Universidad de Cardiff en el Reino Unido, analicé el estado actual de las políticas de conservación vial en Costa Rica desde un enfoque de promoción del desarrollo sostenible. Los resultados evidencian un patrón de gestión predominantemente reactivo, una marcada fragmentación institucional y debilidades en la planificación a mediano y largo plazo. Aunque existen instrumentos técnicos valiosos —como un sistema de gestión de activos que da sus primeros pasos y algunos contratos por niveles de servicio—, estos operan sin una articulación estratégica que integre objetivos, financiamiento y procesos de rendición de cuentas.
La conservación no puede concebirse como un gasto contingente, ni las vías como infraestructuras exclusivamente vehiculares. El cambio de paradigma exige delimitar con claridad los niveles estratégico, táctico y operativo dentro del aparato institucional, fortalecer los marcos normativos y consolidar los procesos de generación y gestión de información técnica para que la asignación de recursos esté basada en evidencia. En este contexto, una Política Nacional de Conservación de Infraestructura Vial permitiría institucionalizar criterios de eficiencia económica, equidad social y sostenibilidad ambiental en un marco coherente para la toma de decisiones y la asignación de responsabilidades.
Sin esta transición hacia una gobernanza estructurada de la conservación, el país continuará atrapado en ciclos de deterioro y reconstrucción costosos e ineficientes. El CFIA, como referente técnico nacional, puede desempeñar un papel determinante para impulsar esta discusión y posicionar la conservación vial como eje estructural del desarrollo sostenible.